Constitución provincial de 1949: Principios filosóficos e institucionalidad del Poder Judicial en Mendoza

 

Ultima entrega de los capitulos de la Constitucion Mendocina de 1949, por el Lic. Sergio Eschler,  pronto un dossier completo para que archives y tengas a mano estos documentos para saber como fue que el peronismo mendocino logro los consensos para una reforma de avanzada en Mendoza que luego sería borrada por la reacción conservadora. Aquí el capítulo del régimen judicial

Una Constitución Provincial en 1949 que incorporo los derechos del trabajador, debia otorgar una jerarquía jurídica equivalente del trabajo a la libertad, ya que es también condición para la dignidad humana.  Y lo considera “medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general”.

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Lic. Sergio Eschler

 

 

Constitución provincial de 1949:

Principios filosóficos e institucionalidad del Poder Judicial en Mendoza

En mágicas ruinas, crónicas del siglo pasado, Alberto González Arzac[1] propone  un esquema filosófico de la Justicia de la Constitución de 1949 basado en los siguientes postulados.  Por un lado la influencia de la doctrina tomista, pero también observando la división aristotélica, advirtió Santo Tomás que la justicia “distributiva” es aquella que es debida por la comunidad a sus miembros, en tanto la “conmutativa” es la que los particulares se deben entre sí, y la justicia “social” es aquella que los miembros deben a la comunidad.

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Un Estado inspirado en el bien común; sustentado en un régimen que aseguraba el control político de la mayoría y un derecho de propiedad basado en la función social de la riqueza, eran instituciones que armonizaban en el concepto de justicia social, “virtud que nos muestra cuáles son nuestros deberes sociales de cumplimiento necesario para el logro del bien común”. La Constitución del 49 incorporó, como derechos especiales, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura:

  1. a) Como base constitucional de una frondosa legislación obrera, la reforma llevó a la Carta fundamental un cuerpo de disposiciones destinadas a la protección de! trabajo, entendiendo que éste tiene jerarquía equivalente a la libertad, ya que es también condición para la dignidad humana. Se incorporó así la Declaración de los Derechos del Trabajador al texto constitucional, aspirando a la tutela del trabajo en todas sus formas (intelectual, técnico, manual), como “medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general”.[2]
  2. b) Señalaba Cardoso Ayala que por primera vez en la historia de nuestra vida constitucional, se dictaron normas directamente relacionadas con la institución de la familia, “núcleo primario y fundamental de la sociedad”. El individualismo había considerado al matrimonio como un mero contrato civil, y por esa razón la Constitución de 1853 había omitido cualquier disposición al respecto; la Constitución del 49 restableció el orden natural, encargando al Estado la protección del matrimonio, garantizando la igualdad jurídica de los cónyuges, la patria potestad, instituyendo la unidad económica familiar y el bien de familia, etcétera.
  3. c) Ramella ha puesto de manifiesto lo novedoso de la reforma Constitucional del 49 en cuanto elevó a categoría constitucional los derechos que tienen los ancianos de ser asistidos, llegándose incluso, en los casos en que los parientes no estuvieran en condiciones de afrontar sus obligaciones alimentarias, a convertir al Estado en deudor de la pensión de los ancianos.
  4. d) Los derechos de la educación y la cultura completaban la declaración de derechos especiales, reconociendo a la familia el derecho a la educación y la instrucción y dando los lineamientos generales del Estado en tal sentido.

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La Constitución de Mendoza, en su apartado Poder judicial, Organización y Atribuciones expone algunos lineamientos regidores fundamentales para la dinámica de este poder: por un lado establece que el organismo superior es la Suprema Corte y que no podrá ser integrada por menos de cinco miembros. En el caso de ampliación de la misma de debe dividir en Salas dicha entidad. Dentro de este apartado se encuentran el Juicio Político ante la Legislatura, Del Juicio ante el jurado de Enjuiciamiento y finalmente Inmovilidades, Inmunidades y Desafueros.

En tal sentido, y en materia institucional, Carta de Magna de Mendoza adhiere a esos principios filosóficos de Justicia antes expuestos y ordena al poder judicial con algunas novedades sobre la constitución de 1916. Es así que  incorpora el Juicio por Jurado. El Jurado de Enjuiciamiento de magistrados se compondrá de dos salas: La Sala de Acusación la cual estará integrada por el Procurador de la Suprema Corte, por nueve Diputados, seis por mayoría y tres por minoría. Además la integran tres abogados de la matrícula. Por otro lado, la Sala de Sentencia estará compuesta por el Presidente de la Suprema Corte, por nueve Senadores, seis por la mayoría y tres por minoría y por tres abogados de la matrícula. Es importante destacar que los abogados que integren el Jurado, deberán cumplir los requisitos para ser miembro de la Suprema Corte. Los integrantes de las Salas serán designados por sorteo en acto público.

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En la actualidad, se utiliza un Jury de Enjuiciamiento compuesto por los miembros de la Suprema Corte, Senadores y Diputados  según prevé la ley 8946 del 30 de diciembre de 2016 y la Constitución provincial en su artículo 164 para la designación de Diputados. Claramente se evidencia en la Constitución de 1949 un mecanismo de formación del jurado distinto al de la Carta Magna de 1916. Se trabaja con dos Salas en donde una debe investigar y la otra sentenciar, los miembros son elegidos por sorteo en acto público.

Referencias Bibliográficas:

 

[1] Arzac Alberto; La Constitución de 1949, En: http://www.magicasruinas.com.ar/revistero/argentina/la-constitucion-de-1949.htm

[2] Ibídem op.cit

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