RÉGIMEN DE AGUAS EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL MENDOCINA DE 1949 (III PARTE)

En esta tercer entrega conocemos como hubiera sido la reforma constitucional en cuanto al vital elemento que tanto se disputa. Autonomía, resolución de conflictos, soberanía popular sobre el agua, y otros tópicos que de no haber sido por la infamia que anuló las constituciones sancionadas por los gobiernos peronistas, hubieran realizado un progreso importante hacia la justicia social en la distribución de bienes y oportunidades

Por Lic. Sergio Eschler

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Políticas de las Aguas en la Constitución provincial de 1949

Se ha dicho, y dicho muy bien, ‘que el estudio de lo pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y porvenir’; porque desengañémonos, la base de nuestras operaciones siempre es la misma, aunque las circunstancias alguna vez la desfiguren.”
Manuel Belgrano

Son de dominio público las aguas de la Provincia los ríos, sus afluentes, sus cauces y todas las aguas públicas comprendidas en su jurisdicción territorial. A las autoridades de la provincia les corresponde reglar sobre los usos y aprovechamientos, sin perjuicios de los convenios que puedan celebrarse con la Nación u otras provincias, dentro de las restricciones y límites impuestos por esta Constitución. Entre otras pautas que fija el régimen, impone que los fines del uso y beneficio, tendrá como actividad principal la agricultura, tanto en los planos nacionales, municipales y particulares, mediante concesión y sin perjuicio para la Provincia. Asimismo consolida el derecho natural de acceso al agua como bebida, necesidades domésticas y lavaderos. En cuanto a la concesión de uso y goce de agua pública para beneficio y cultivo de un predio, es inherente al inmueble mismo e inseparable de sus derechos a propiedad. 

Es importante destacar que todos los asuntos que se refieran al uso de las aguas públicas, en cuanto a su administración, su administración y distribución, poder de policía sobre esas aguas y las privadas, cauces de riego, obras de irrigación, protección administrativas de las concesiones sus usos y goce, permisos particulares y lo relativo a las servidumbres administrativas, su imposición y caducidad, estarán a cargo de un organismo descentralizado y autárquico denominado Departamento General de Irrigación, constituido por un Superintendente  General, un Consejo compuesto por cinco miembros y por demás funcionarios que fije la las reglamentaciones y el presupuesto de la repartición. Este organismo, es una síntesis de la Ley General de Aguas de 1884 que se aplicaba mediante Departamento General de Aguas, que luego pasó a denominarse, mediante la Constitución de 1894, como Departamento General de Irrigación.

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El régimen se basaba en un sistema de elección muy riguroso, en principio no podían ocupar cargos dentro del organismo quienes utilizan aguas públicas sin concesiones, en caso de ser denunciado de es ilegalidad durante su mandato, puede ser destituido del cargo sin condicionamientos.  Los electores son de diverso origen lo que enriquece el sistema, debido a que podían empadronarse propietarios inmuebles cultivados, aquellos que cultiven las tierras de forma directa como arrendenatrios, aparceros, medieros, contratistas, comprometientes compradores y todos lo que con títulos legal cultiven la tierra. El voto será secreto y obligatorio. La ley determinará las condiciones y prioridad de emisión del voto, el mínimo de superficie, como otros requisitos y la forma de la elección.

Otro punto fundamental dentro de esta pauta, es el control interno que tenía el organismo rector en los temas del agua en Mendoza.  El consejo, se podía transformar según la ley, en Tribunal de Apelaciones de las decisiones del Superintendente. Para su funcionamiento, debía obtener quórum. El Tribunal era soberano en todos aspectos referidos a las aguas, y tenía la facultad para remover al Superintendente. Mediante audiencias la dependencia intentaba solucionar las afecciones de intereses particulares y entre funcionarios, aplicando luego de escuchar las partes las multas y sanciones correspondientes. En caso de judicialización de los conflictos de aguas, la dependencia debía acatar la sentencia y los mandatos de la autoridad judicial competente. Evidentemente la constitución provincial intentó fortalecer al organismo, mediante sus funciones y también perfilándolo como un fuero autónomo, que le permitiera resolver tantos conflictos internos, de gestión, como así también conflictividad social en los temas del agua.

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En el articulo Doscientos Cuarenta y Ocho se vuelve a insistir sobre el tema de la distribución de las aguas mediante concesiones, intentando democra-tizar dicho uso y goce y siempre pensando en la protección de la agricultura. De esta manera exhorta a fijar por ley la distribución del recurso, en donde se destacan permisos parciales y limitados. Además prevé la utilización en energía hidráulica, y la que no se destine para ese fin, serán entregados a cooperativas de usuarios, prohibiendo el otorgamiento de concesiones a particulares, a no ser que estos sean únicos consumidores de la energía que producen.

En cuantos a las obras fundamentales, como diques distribuidores serán autorizados por ley, pero los caudales obtenidos estarán destinados primero a los inmuebles fiscales y a los fines dispuestos anteriormente. En dichos proyectos, el Departamento General de Irrigación intervendrá en la licitación, ejecución posterior administración de esas obras. Otras de las funciones principales del ente autárquico, es la impermeabilización de cauces, mediante planes periódicos que abarquen a los regantes y que promuevan el desarrollo de obras locales. Otra función del organismo es promover una legislación orgánica en materia de riego y su defensa, saneamiento de tierras, construcción de desagües y pozos surgentes.

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El rol del Estado, queda resguardado por la autarquía de Departamento General de Irrigación, en donde toda la responsabilidad de abastecimiento recae sobre dicha entidad y no sobre el Estado. En los casos de dolo o fraude en la distribución de aguas a los regantes, serán responsables sus autores o funcionarios que hubieran dado la orden. Asimismo establece que son de dominio público todos los ríos o causes que atraviesen el territorio de tiempos inmemoriales, que no han sido incluidos en el sistema de irrigación sin desembolso alguno.

Un dato importante, es que a partir de la nueva Carta Magna, se redefinen el sistema el sistema de concesiones, ya que en muchos casos quedan caducas dichos otorgamientos. Los casos que son, los que tengan mas de diez años de antigüedad; y cuando se trate de inmuebles incultos y que adeuden mas de 20 años o mas en concepto de pensiones, cuotas de sostenimientos, reembolsos de obras y conservación de cauces qué tuviere que honrar.  Otro motivo de caducidad, es no haber ejecutado un plan de obras en tres años a partir de la vigencia de la Constitución, y cuando se abandone por tres años el derecho legal, también es motivación de extinción del permiso. El régimen, propone un nuevo mecanismo de otorgamiento de los derechos, basados en la rigurosidad de las condiciones y en pos de un modelo distributivo de aguas, mediante una ley especial.

Particularmente, en el caso de Malargüe, la Constitución establece una interesante novedad que modifica la política de tenencias de tierras en el Sur provincial. Instituye que para los ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado, sus respectivos afluentes, los permisos se podrán otorgar con un mínimo de hectáreas que fije la ley por cada propietario, con cargo de transferir gratuitamente a la Provincia el 20% del total de la tierra con derecho a riego, para ser destinada a la venta en pequeñas lotes a precios reducidos a personas que deberán cultivarla directamente. En caso que la Nación, la Provincia o las municipalidades o sociedades mixtas, sean beneficiadas con concesiones del 51% deberán ser respalda por el voto favorable de la mayoría. Esta normativa perfiló a la Provincia como soberana total en temas de aguas, rompiendo las tensiones con Nación y otros actores, además de intentar diversificar e identificar entre productores y consumidores en términos hídricos.

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Evidentemente la tentativa de establecer un nuevo régimen de aguas en Mendoza tuvo tres ejes fundamentales: por un lado fortalecer el sistema institucional empoderando al Departamento General de Irrigación con nuevas funciones y atribuciones, otorgándole autarquía y destinado un presupuesto acorde a los nuevos desafíos; por otro lado  se tipifico el mecanismo de revisión y otorgamiento de las concesiones a favor de usos y goces mas distributivos con la finalidad de ampliar la superficie y evitando la concentración del recursos en grandes latifundios; y en tercer lugar intenta modificar el régimen de tenencia de la tierras, al menos en el Sur de Mendoza, fomentando el cultivo, con la distribución de los lotes obtenidos por el otorgamiento de derecho de riego. Sin lugar a dudas, estas iniciativas intentaron modificar un sistema que se instauró desde el siglo XIX, lamentablemente al ser interrumpida las normas constitucionales reflejadas en este artículo, estas políticas quedaron escindidas a mitad de la década del cincuenta del siglo XX.

Referencias bibliográficas

  • Constitución de la Provincia de Mendoza; 1949; Régimen de las Aguas Sección Decima; Capítulo Único; artículos 239 a 259; versión original en manuscrito mayo de 1949; Archivo Histórico de Mendoza.

Las anteriores entregas sobre la constitucion de 1949 estan aqui y aqui

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