EL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA CONSTITUCIÓN MENDOCINA DE 1949 (II Parte)

Por Lic Sergio Eschler

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En esta nueva entrega sobre la Constitución Provincial de 1949, se noS vuelve a mostrar lo avanzado de esa Constitución; de cómo pudo haber sido la herramienta para el progreso y el desarrollo armónico de nuestro pueblo. En una continuidad de la nota anterior, el Lic. Sergio Eschler vuelve a alumbrarnos con la historia que es puro presente. 

“Visiblemente con la declaración de deberes de los habitantes y el desarrollo del régimen económico y financiero de la Provincia, se evidencia una perspectiva por consolidar un rumbo distinto en dichas materias, promoviendo un ciudadano articulados por valores nacionales, históricos sobre la soberanía política y la democracia social.”

El modelo económico y financiero provincial según la Constitución provincial de 1949.

“La defensa de la patria es un derecho y un deber que  todo habitante deber respetar esta Constitución, la Nacional y las instituciones creadas por ellas, cumplir con las leyes, con arreglo de ellas votar en los comicios; aceptar y cumplir cargos públicos; pagar las contribuciones; recibir educación primaria; propender a su mejoramiento; preservar la salud, amparar su familia, educándola en los principios de la solidaridad social, de la justicia, de la libertad de conciencia y del cumplimiento de los deberes cívicos, contribuir con su trabajo al desarrollo de la economía en beneficio del pueblo y de la propiedad de la Nación y de la Provincia, bregar por la  afirmación de la democracia social y por el afianzamiento de la soberanía nacional contra todo injerencia extranjera;  difundir la Paz, el desarrollo de la cultura autóctona  y la continuidad de las tradiciones de Mayo.”

Con esta suerte de “preámbulo” sobre los deberes y derechos de todo habitante, se desarrolla el capítulo Cuarto que antecede el régimen económico y financiero que se desarrolla a continuación:

La organización de la economía, la explotación y la distribución de la riqueza tienen por finalidad el bienestar general conforme al orden económico que cumpla con los principios de la justicia social respetando la libre iniciativa privada. El Estado podrá intervenir por Ley Especial en actividades económicas y expropiar establecimiento, cuando su situación de monopolio obstaculice el desarrollo progresista de la industria o cuando la acción privada tenga por finalidad dominar el mercado, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios, abusando los derechos fundamentales que asegura la presente Constitución. Con estas declaraciones de principios se da inicio al régimen económico y financiero de la provincia de Mendoza en 1949.

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Los mecanismos de esta modalidad tienen bases en un modelo profundo, que establece la intervención del Estado en materia productiva. Se propone que la producción agrícola, manufacturera, el comercio y el crédito, así como el trabajo la propiedad industrial serán considerados en “función social”, en donde las leyes reprimirán el monopolio y toda actividad lesiva de los intereses colectivos. Sin lugar a dudas las perspectivas presentadas, tienen como finalidad combatir el lucro, la acumulación de riquezas y diversificar las actividades económicas combatiendo la concentración mercantil. El marco legal propone la “protección al consumidor “con leyes que aseguren la providencia, pero que controlen el agobio y la especulación.

Asimismo, la Provincia reconoce la equidad del beneficio de la tierra y propone que la misma: “debe pertenecer a quién la trabaja”. La política agraria estará fundada en la expropiación y parcelamientos de cualquier tierra apta para el cultivo y vivienda, lo que será enajenado a largo plazo a trabajadores que no sean propietarios. La ley asegura el mantenimiento del inmueble como un bien de familia, para el caso de transferencia, el carácter de comprador preferentemente por el Estado. Es obligatorio, plantea la Carta Magna, la expropiación de latifundios sin explotar y tierras sin derecho de agua, que con motivo de la realización de obras de cualquier índole por el Estado, puedan beneficiarse. La intervención del Estado se presenta como un instrumento de repartos de tierras mediante la expropiación de tierras o diferentes mecanismos de apropiación de lotes como plantea el Régimen de Las Aguas (que se presentará a continuación), en el Sur de la provincia. Es decir que el sistema de cultivo está relacionado a la tenencia de latifundios, donde el Estado propone evitar la concentración y la improductividad.

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Otro elemento fundamental de este modelo, es la creación de créditos y fomentos cooperativos. En especial las leyes procurarán la ayudad para la implementación y medios de trabajo a los efectos de potenciar la actividad agraria. Se propone la diversificación e instalación de nuevas industrias o métodos de cultivos, asegurando el otorgamiento de materias primas y franquicias temporarias. En materia vitivinícola, se fomenta la promoción y desenvolvimiento de los pequeños productores bajo los principios proclamados anteriormente. Todo este modelo de desarrolla es respalda por la creación del Seguro Agrícola, contra las plagas y las contingencias climatológicas.

En cuanto a la explotación de los servicios públicos y fuentes de energía será llevada a cabo por el Estado, entes autárquicos o autónomos y cooperativas populares, no se otorgará concesiones que favorezcan el monopolio. En la minería, la Legislatura dictará planes de fomento minero, en los cuales el Estado deberá intervenir anualmente en el 50% de los recursos fiscales obtenidos de la explotación minera. Esta política puede servir como aporte para el debate actual de la minería en Mendoza y la diversificación de la matriz productiva. También formula una capacidad caminera donde se promueve el establecimiento de la unificación de los departamentos entre sí, y de estos con los centros de producción y consumo, exhortando al abaratamiento de las tarifas de transporte.

Un eje fundamental de la economía y finanzas provinciales son la igualdad en materia de los impuestos y cargas públicas. Entendida como un sistema de gravámenes de bienes y servicios de forma proporcional a escalas progresivas y preferentemente la renta, el lujo, el mayor valor y las ganancias eventuales o especulativas y el suelo libre de mejoras. Quedan libres de gravamen el patrimonio individual y familiar como los artículos de primera necesidad. Se desgravaban las actividades socialmente útiles, los cultivos y las nuevas industrias por un periodo de gracia que fije la ley. El sistema financiero a nivel bancario, se articula a partir de uno a mas bancos oficiales del Estado, u otros donde la Provincia se accionista con mayoría absoluta del capital y se ajustará a los principios de esta Constitución. En materia de presupuesto provincial y empréstitos, se consolida bajo un sistema de control de gastos riguroso y los endeudamientos por mayoría absoluta de la Legislatura.

Visiblemente con la declaración de deberes de los habitantes y el desarrollo del régimen económico y financiero de la Provincia, se evidencia una perspectiva por consolidar un rumbo distinto en dichas materias, promoviendo un ciudadano articulados por valores nacionales, históricos sobre la soberanía política y la democracia social.

Referencias Bibliográficas

  • Constitución de la Provincia de Mendoza; 1949; Deberes; Capítulo Cuarto; artículo 52; versión original en manuscrito mayo de 1949; Archivo Histórico de Mendoza.
  • Constitución de la Provincia de Mendoza; 1949; Régimen Económico y Financiero; Capítulo Quinto; artículos 53 al 63; versión original en manuscrito mayo de 1949; Archivo Histórico de Mendoza.

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